El escándalo del “Dieselgate” que sacudió a la empresa alemana Volkswagen en 2015 vuelve a ocupar los titulares tras publicarse la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que permite a los afectados reclamar ante los tribunales nacionales.

Las reclamaciones tienen su origen en la manipulación de los resultados de las emisiones de los motores diésel mediante el uso de un software fraudulento con el objetivo de superar las pruebas medioambientales. La manipulación afectó a más de 11 millones de vehículos de las marcas Volkswagen, SEAT, Audi y Skoda, todas del grupo Volkswagen, que fueron vendidos entre 2009 y 2015.

Claves de la sentencia

La corte europea se ha pronunciado sobre el “Dieselgate” a raíz de la cuestión prejudicial interpuesta por un tribunal austriaco con el fin de esclarecer la competencia de los tribunales nacionales para decidir sobre las indemnizaciones que los dueños de los automóviles.

El Alto Tribunal señala en su resolución que el daño ocasionado se corresponde con la diferencia del valor del vehículo, esto es, la diferencia entre el valor que pagó el propietario y el valor real del automóvil, devaluado al conocerse que las emisiones de dióxido de nitrógeno eran casi 40 veces superiores al límite establecido. De esta manera, sitúa el daño producido en el momento de la compra.

La fijación del daño en el momento de la adquisición del vehículo y no en el momento en el que se produce el delito de falsear las emisiones del coche implica que los afectados pueden demandar ante los tribunales del país donde se produjo el hecho dañoso, es decir, la compra.

Por tanto, el Tribunal europeo reconoce la competencia de los tribunales nacionales, abriendo así la puerta a que los afectados puedan reclamar en el país donde adquirieron el vehículo sin necesidad de interponer la demanda en Alemania, que es donde se encuentra la sede de la compañía.

¿Qué consecuencias tiene esta resolución?

Esta decisión conlleva dos grandes consecuencias. De un lado, el desatasco de los procedimientos interpuestos que habían quedado en el limbo entre las jurisdicciones de ambos países. Y de otro, abre la puerta a que los miles de afectados que todavía no han reclamado lo puedan hacer ante los tribunales de sus propios países.