El cártel de camiones es uno de los asuntos más destacados del ámbito judicial en los últimos años. Según la Confederación Española de Transporte de Mercancías más de 360.000 españoles se habrían visto afectados por este pacto entre los grandes fabricantes de camiones.

El origen de estas reclamaciones se remonta al 2016, año en el que la Unión Europea multó con 3.800 millones de euros a los grandes fabricantes de camiones (Daimler, DAF, Ivecco, Scania, Volvo/Renault y Man -quien no fue sancionado tras denunciar la existencia de esta práctica) tras concluir que entre 1997 y 2011 los integrantes de este cártel fijaron los precios de los camiones mediante el intercambio de información sensible entre ellos. Hecho que no solo redujo la competencia en el mercado, sino que incrementó el precio de los camiones.

Desde entonces, se han ido sucediendo las sentencias con distintos resultados por parte de los tribunales. Así, a pesar de la sanción establecida por la Unión Europea, la problemática jurídica de estas reclamaciones es compleja y necesita de un asesoramiento especializado. Además, el amplio periodo de duración de las prácticas colusorias junto con el tiempo transcurrido desde estas no hace sino aumentar la complejidad probatoria a la hora de reclamar.

Poco a poco se han ido esclareciendo algunos de los problemas que han dividido a Tribunales españoles. Como muestra podemos encontrar la confirmación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la jurisdicción nacional de los Estados miembros para resolver sobre los litigios planteados derivados de la sanción europea de una práctica anticompetitiva, el reconocimiento por el Tribunal Supremo de la legitimación de los damnificados para demandar en el país donde se efectuó la compra y no en dónde la empresa tiene su sede o la legitimación pasiva de las filiales respecto las matrices.

No obstante, la complejidad jurídica de estos casos y, sobre todo, probatoria, sigue presente y requiere de un asesoramiento experto y del tratamiento de cada caso como único y distinto, donde el papel de la prueba juega una carta fundamental.

La importancia probatoria

Aunque la mayor parte de las sentencias parten del hecho probado de que ha existido un daño como consecuencia de la práctica anti competitiva sancionada por la autoridad europea, esto no excluye la necesidad de identificar y cuantificar los daños.

La determinación del sobrecoste sufrido por los afectados por el cártel de camiones es esencial para la fijación del porcentaje de indemnización correspondiente. El cálculo de esos daños es de gran complejidad técnica y precisa del empleo de técnicas que permitan estimar el sobreprecio con la solidez necesaria, analizando no solo las características del producto adquirido y las circunstancias que rodearon la compra sino también la oferta y demanda de los productos afectados por el cártel, entre otros.

La mayor parte de las sentencias estimatorias fijan un importe indemnizatorio que oscila entre el 5 y el 15% del precio del camión. Sin embargo, la importancia de la prueba es decisiva para la fijación de ese porcentaje e incluso para determinar el sentido fallo.

De un lado, podemos encontrar sentencias como la dictada recientemente por el Juzgado de lo Mercantil de Toledo en la que se falla a favor del demandante, estimando íntegramente la demanda y fijando un sobrecoste en un 25,17%, la estimación más alta realizada hasta el momento.

Por otro lado, no en pocas ocasiones los tribunales desestiman las demandas por considerar insuficiente la prueba presentada para probar el daño sufrido por el cártel, ya sea por la falta de facturas que acrediten la compra de los vehículos en el periodo comprendido por estas prácticas o la falta de consistencia de los informes periciales que acreditan y cuantifican los daños sufridos.

Desde SBC Abogados, como firma especializada en Derecho del Transporte, somos conscientes la importancia de que se reconozca el sobrecoste real sufrido a causa del cártel de camiones por los afectados y de las consecuencias que pueden suponer para los transportistas el reconocimiento de un porcentaje u otro. Por eso, tratamos cada caso de forma independiente y única, dando la importancia necesaria a la prueba pericial y alejándonos de la filosofía y metodología de los procedimientos masivos.