España se adapta a la normativa y jurisprudencia europeas en materia de transporte

España se adapta a la normativa y jurisprudencia europeas en materia de transporte

Finalmente, el legislador español ha decidido poner fin a la tan esperada adaptación de la normativa estatal de transporte terrestre a las exigencias jurídicas de la normativa europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A mediados de febrero, se aprobó el nuevo Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre, que viene a adaptar y desarrollar la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, que había establecido un plazo de dos años para su regulación allá por el 2013.

La modificación de la Ley se impulsó con un triple objetivo: la mejora de la competitividad y la eficiencia en el sector (favoreciendo la flexibilidad y la agilidad); la mejora del servicio público en el transporte de viajeros, y la mejora de la transparencia y el control de los operadores del transporte.

Como importantes adecuaciones, encontramos el régimen de obtención de los certificados de competencia profesional para el transporte por carretera, los criterios de establecimiento, capacidad financiera, honorabilidad y competencia profesional, y las infracciones que se derivarán de su incumplimiento.

Asimismo, aparece con fuerza el gestor de transporte, que pasará a ostentar funciones de amplio calado, además de la necesidad de disponer de la habilitación necesaria inscrita en el Registro correspondiente para poder ejercer como tal.

Por último, como no podía ser de otra manera, una adaptación completa al Reglamento 2016/403 de la Comisión Europea, en todo aquello que afecta a infracciones y régimen sancionador.

Aunque todo parecía augurar un buen futuro, ya son muchas empresas del sector las que empiezan a encontrarse con problemas ante la disparidad de criterios que debe regir en cada una de las Comunidades Autónomas.

Todo apunta a que deberemos estar a próximas novedades que irán surgiendo en el sector ante las ya anunciadas reuniones bilaterales entre los representantes de empresas y administraciones.

Edgar Salmerón
Socio de SBC ABOGADOS

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